Relleno Sanitario de Huaycoloro, primer proyecto en gestión de residuos sólidos en Perú, realizado por la empresa Petramás, aprobado por la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio, de la ONU, dentro del Protocolo de Kyoto.
En la legislación ambiental, el principio de que “quien contamina paga” tiene por finalidad obligar a toda persona que -directa o indirectamente- daña el ambiente o genera las condiciones para que tal daño ocurra, a que asuma los costos de reparar la contaminación o de reducirla.
Ley general del ambiente
Nuestra Ley General del Ambiente, Ley 28611, recoge este principio en el art. VII del Título Preliminar “Del principio de internalización de costos” en virtud del cual, “Toda persona natural o jurídica pública o privada debe de asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente y la gestión de residuos sólidos en Perú”.
El costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la eventual compensación relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las actividades humanas debe de ser asumido por los causantes de dichos impactos.
El objetivo de este principio es que los costos de manejo y prevención de los impactos medioambientales sean cubiertos por quienes son sus responsables, y poder reducirlos hasta niveles aceptables de calidad ambiental.
Problema ambiental en la gestión de residuos sólidos en Perú
El deterioro ambiental se origina principalmente por el enriquecimiento de quienes causan el daño, generando inequidad. Algunos se benefician mientras otros sufren las consecuencias. Este modelo beneficia a unos pocos y perjudica al conjunto de la sociedad.
La industrialización de los países desarrollados ha acelerado el daño ambiental global. Aunque el impacto afecta al planeta en su totalidad, los países menos desarrollados enfrentan las consecuencias más severas. La gestión de residuos sólidos en estos países es uno de los mayores retos.
En Perú, la inadecuada gestión de residuos sólidos agrava la crisis ambiental. La falta de infraestructuras adecuadas y políticas públicas eficaces perpetúa la contaminación, afectando principalmente a las comunidades más vulnerables.
El primer proyecto en residuos sólidos en Perú
El mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) contenido en el art. 12° del Protocolo de Kyoto es un mecanismo de cooperación que permite ayudar a los países menos desarrollados a alcanzar un desarrollo sostenible mediante la promoción de inversiones de los gobiernos o empresas de los países industrializados que reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero.
Para efectos del clima, las fronteras nacionales no existen, y resulta irrelevante dónde se alcanzan las reducciones. La lógica económica nos dice que deben de realizarse en lugares donde estas tienen el menor costo. En consecuencia, si un país industrializado invierte en otro país en el desarrollo de un mecanismo limpio lo puede incluir como parte de sus metas.
Protocolo de Kyoto
El Protocolo de Kyoto representa un hito clave en los esfuerzos globales para proteger el medio ambiente y fomentar un desarrollo sostenible. Por primera vez, los gobiernos acuerdan restricciones voluntarias y legalmente vinculantes sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Este acuerdo permite a los países desarrollados implementar proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo, obteniendo créditos en forma de reducciones certificadas (CERs). Estos créditos se contabilizan dentro de sus objetivos nacionales de reducción.
Así, se genera una situación beneficiosa para todos: los países en desarrollo reciben inversiones y tecnologías ambientalmente sostenibles, mientras que los países desarrollados logran alcanzar sus cuotas de reducción y contribuyen a la disminución de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Los CERs
Los CERs son certificados con valor comercial utilizados por empresas de países desarrollados para cumplir con sus cuotas de emisiones. Los países en desarrollo generan estos certificados mediante proyectos MDL, contribuyendo a la reducción de emisiones.
Conocidos como “bonos verdes”, los CERs funcionan como acciones en el mercado bursátil, con precios que fluctúan según la oferta y la demanda. Agentes e intermediarios compran y venden estos certificados, y recientemente, su valor cayó drásticamente de más de 30 euros a solo un euro, afectando millonarias inversiones.
“Toda persona natural o jurídica, pública o privada debe asumir el costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la eventual compensación, relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las actividades humanas de ser asumido por los causantes de dichos impactos”.
Se estima que entre el 2008 y 2012 – para alcanzar las metras trazadas en el Protocolo de Kyoto de reducir las emisiones de gases del efecto invernadero a un nivel equivalente a 5.2% menos que en 1990-, los países del primer mundo deberán obtener cientos de millones de certificados de reducciones, lo que en la practica equivale a un mercado potencial de miles de millones de Euros, dirigidos a proyectos medioambientales relacionados a combatir los efectos del calentamiento global y que están disponibles para todas aquellas entidades públicas y privadas de los países en desarrollo que generen proyectos que califiquen dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
Esta es una gran oportunidad para las empresas y el Estado. Los empresarios deben aprovecharla para generar proyectos que conviertan los recursos disponibles en inversiones en energías alternativas, reconversión vehicular, manejo de biogás en rellenos sanitarios y lagunas de efluentes, y en proyectos de forestación y reforestación. El Estado, por su parte, debe promover estas inversiones, actuando como articulador y facilitador de políticas medioambientales que permitan a los empresarios desarrollar sus proyectos.
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